Cuando un Estado no puede hacer frente a sus compromisos financieros, pierde credibilidad en los mercados internacionales. Últimamente hemos oído esta letanía hasta la saciedad, como una versión 2.0 del hombre del saco. Pero cuando ese mismo Estado no hace frente a los compromisos con su ciudadanía, entonces pierde algo mucho más importante, su legitimidad.
Mucho hemos avanzado desde la visión del Estado como el Leviatán de Hobbes, aquel monstruo omnipresente que planea sobre todos nosotros y al cual debíamos entregar parte de nuestra libertad para poner límite a los excesos que la naturaleza humana genera si no es controlada de forma estricta. Pero desde los primeros teóricos de filosofía política hasta hoy, hay una consigna fundacional que debe mantenerse firme, el Estado moderno se basa en un pacto; por el cual los ciudadanos entregamos parte de nuestra liberta individual a una organización, a cambio de una serie de beneficios, particulares y colectivos, que se recogen en la Constitución. Si algún ciudadano incumple sus compromisos, el Estado dispone de los mecanismo para corregir y castigar dichas conductas, incluyendo el uso legal y legítimo de la fuerza. ¿Pero qué pasa cuando es el Estado el que no cumple su parte del trato?
En ese momento, todo se viene abajo. No hay que olvidar el orden de prioridades. Y antes que pagar a entidades de dudoso pelaje y condición, cualquier Estado tiene una deuda mucho más seria, que es todo aquello que establece su Constitución.
Un Estado que no cumple sus compromisos, no tiene derecho a reclamar que sus ciudadanos paguen impuestos y cumplan las leyes, porque ha perdido la legitimidad para exigirlo. Y mucho menos puede ejercer la fuerza que los ciudadanos le han otorgado, puesto que el pacto se ha incumplido. Así, los ciudadanos de un Estado que no es capaz de generar empleo, que aumenta la edad de jubilación, que reduce la educación, la sanidad, etc.. no tienen ninguna obligación, ni moral ni éticamente, de pagar impuestos. Y si ese mismo Estado pretende emplear la fuerza, los ciudadanos pueden responderle con la misma moneda, si en que ello significa un delito, al menos desde el punto de visto ético.
Obviamente, este planteamiento es ahora mismo más teórico que otra cosa. Principalmente, porque los países occidentales, a pesar de la crisis que nos sacude, todavía están siendo capaces de mantener unos mínimos (unos más que otros) en lo que a la calidad de vida de sus ciudadanos se refiere. Las barricadas las levanta la desesperación, nunca los ideales.
Pero casos como el de Grecia, donde para hacer frente a los pagos se está desmantelando el Estado del Bienestar a marchas forzadas, dejan la puerta abierta para que la rabia de los ciudadanos encuentre un vehículo ideológico y un objetivo, el mismo Estado que debía servirles de soporte y ahora resulta, cada vez más, una carga.
Resumiendo, como cantaba Extremoduro, o jugamos todos o rompemos la baraja.
